PROTECCIÓN A LA MANIFESTACIÓN
PÚBLICA
Los acontecimientos del pasado
primero de diciembre de la batalla campal entre policías y manifestantes el día
de la toma de posesión de Peña Nieto contiene varias aristas que llevan a
diversas conclusiones, un punto de acuerdo es que se pecaría de ingenuidad si
no se reconoce que los hechos de violencia fueron orquestados. En las redes se
comparten imágenes de los infiltrados que presuntamente fueron enviados por el
gobierno entrante, las autoridades hablan de grupos anarquistas involucrados y
la prensa da la nota de que hay detenidos que aseguran les fueron ofrecidos 300
pesos por destruir lo que se encontraran a su paso. Motivo de análisis es lo
referente a los involucrados del lado de los que hicieron actos vandálicos pero
vale la pena echar un vistazo a la actuación de la fuerza pública en el D.F.,
Guadalajara y demás lugares del país en donde se presentaron este tipo de
incidentes.
¿Las fuerzas de seguridad pública
reprimieron a los manifestantes? Ni duda cabe del uso excesivo de la fuerza y
la violencia contra quien se les pusiera enfrente, sin embargo pensemos en el
argumento de que tuvieron que responder ante las agresiones recibidas. ¿Hay
manera de instruir a los cuerpos de seguridad a repeler las agresiones de tal
forma que se prevengan excesos con detenciones y golpizas a personas inocente
de por medio? Revisando ejemplos latinoamericanos en Argentina se concretó el
llamado protocolo Garre que consiste en un protocolo de seguridad para las
manifestaciones públicas. Dicho protocolo define los criterios de la manera en
que los cuerpos policiales deben actuar considerando como prioridad evitar el daño a la integridad
física de los manifestantes, asimismo establece acciones del gobierno que buscan
la resolución del conflicto sin llegar a la violencia y se pide una
capacitación especial a los policías que esten presentes en las manifestaciones1.
Hay opiniones encontradas en cuanto a los resultados en Argentina pero lo
relevante es que dieron un paso importante al reformar la legislación existente
aunque este avance tendría que acompañarse de muchos otros más. El Dr. Edgardo Buscaglia
compartió recientemente en las redes un documento al respecto: “La Fuerza de la
Razón y la Razón de la Fuerza: El Uso Legítimo de la violencia”3, un
estudio muy amplio que ofrece más alternativas al problema del uso de la fuerza.
Parece que en México nos toca buscar
nuevos caminos para evitar que se repitan situaciones en que el gobierno haga
de los policías brazos armados de represión y sucedan por consecuencia abusos
contra inocentes. En el recién firmado pacto por México se hace referencia a un
Programa Nacional de Derechos Humanos en el que se contempla una ley sobre el
uso legítimo de la fuerza pero no hay nada específico en relación a las
manifestaciones públicas, y de los cuerpos policiacos se habla de reformarlos
homologando funciones junto con la creación de la Gendarmería nacional donde se
repite la generalidad y ambigüedad en los enunciados2. Además de la
liberación de las personas inocentes y el castigo a los policías que hayan
cometido abusos habría que impulsar un marco legal con el cual defender a los
afectados haciendo más difícil al Estado lavarse las manos ante acusaciones de
represión, así como capacitar a los cuerpos de seguridad que actuán en las
manifestaciones.
No hay soluciones simples ni
únicas debido a la complejidad del problema y del contexto. México continúa en
los peores lugares del mundo en la aplicación de la justicia y siguen
existiendo todo tipo de atropellos en los procedimientos judiciales, sin
embargo si queremos avanzar en la construcción democrática del país tenemos que
apostar por vías dentro de la legalidad. La protesta en los espacios públicos
debe continuar siendo una opción para el disenso por encima de los grupos que
se esfuerzan en demostrar lo contrario mediante la violencia. Hay que garantizar
la seguridad de la ciudadanía y evitar la desligitimación de la protesta, y eso
se logrará en el terreno de las leyes y no solo de las calles.